A finales de los 90 se publica en el Perú los resultados del Informe PISA, los mismos que demostraron el Perú tenia las peores calificaciones en comprensión lectora y razonamiento matemático, en esa misma época el sistema de educación superior iniciaba los cambios hacia su mercantilización mediante el ingreso de empresas privadas con fines de lucro que se convertirían promotoras de universidades, logrando aumentar la cobertura de la educación superior.
Esta situación evidenció una baja calidad del sector educativo, a pesar de haber crecido en cobertura y matrícula; los resultados de las bajas calificaciones, escasas investigaciones, ausencia de patentes (CONCYTEC 2006), crecimiento de filiales universitarias en todo el Perú, etc. Necesitaban una respuesta de parte del estado peruano que fue resuelto en alguna medida mediante la creación del SINEACE. Esta nueva institución fue creada con el propósito de promover y garantizar la calidad educativa ante la sociedad peruana, por lo actualmente que su acción e institucionalidad constituye un factor importante para que la sociedad confíe en sus resultados.
Una institución encargada de garantizar la calidad se confiere a sí mismas un nivel de autoridad, pero ¿qué sucede cuando la institución encargada de velar por la calidad educativa de un país se llena de dudas en su capacidad institucional, y sobre su probidad? ¿Qué pasa con la confianza de la sociedad con el rol frente al resto de instituciones?
Los siguientes post (que formaron parte de una tarea de la maestría) relatan la experiencia de la agencia de acreditación chilena CNA, la misma que fue involucrada en un caso de corrupción de funcionarios que implicó la venta de acreditaciones por parte de su ex presidente, la captura de la agencia por parte de intereses privados y la articulación de una red en la que estaban involucrados rectores, el presidente de la agencia, miembros del directorio y los pares académicos, este caso por ser una institución homóloga en funciones a su par peruano permitirá conocer los límites de la actuación pública de sus funcionarios, los conflictos de intereses que se producen, así como las consecuencias que tiene para la ciudadanía, para la confianza que se tiene en las instituciones. Iniciamos con la primera parte:
1. EL NECESARIO GUARDIÁN DE LA FE PÚBLICA
A fines de noviembre de este año (2012) fueron arrestados el ex Presidente de la agencia chilena de acreditación y dos ex Rectores (Universidad del Mar y Universidad Pedro Valdivia) acusados de crear una red de corrupción que permitió que el CNA entregue las acreditaciones a Universidades que no cumplían necesariamente con los criterios de calidad estipulados por la agencia.
Aunque el caso se refiera al país vecino, en nuestro país se cuenta con un organismo que cumple las mismas funciones, el cual debe velar por reconocer la calidad educativa de las instituciones educativas de educación superior de nuestro país; por lo cual los comportamientos, los análisis y consecuencias se pueden extrapolar a nuestra realidad; asimismo por el contexto educativo en la que se encuentran ambos países: mala calidad educativa, inequidad social, privatización de los servicios, etc.
La educación en el Perú es una deuda con la sociedad que los gobernantes han dejado de honrar gobierno tras gobierno, desde hace cuarenta años desde que se tiene referencia (Banco Mundial: 2006) de la baja calidad en la formación de recursos humanos docentes debido a políticas en el sector que fueron dejando de lado la calidad educativa para enfocarse en la estabilidad política de los gobiernos de turno.
En el nivel básico la calidad educativa fue dejada en evidencia a partir del informe PISA publicada en el 2001 (el cual fue ocultado por el gobierno en su momento) y el cual demostraba el bajo nivel de los estudiantes de 8 y 15 años en comprensión lectora y habilidades matemáticas en comparación con los estudiantes de otros países de la región, siendo los últimos en la escala comparativa frente a países de América Latina y el resto del mundo, los resultados de las siguientes evaluaciones han confirmado la baja calidad de la educación básica en el Perú; así como la gran inequidad existente en el sistema manteniéndose a la zaga de los demás países.
Un país que aspira a seguir manteniendo sus cifras de crecimiento económico debería estar atento al desarrollo de las capacidades de sus ciudadanos, desde que los que tienen menos oportunidades en un ideal de justicia que permita a todos una convivencia en armonía (Rawls 1975).
A nivel de educación superior el tema no ha sido el mejor, en 1983 fue aprobada la actual ley universitaria actual que dio autonomía académica y administrativa a todas las universidades públicas y privadas del país, creando una serie de unidades universitarias desarticuladas entre sí, y que cuentan con una Asamblea formada por los Rectores de las universidades que coordina actividades administrativas entre sí. Durante los años que sucedieron a la implantación de la ley, se produce en el país un avance de los partidos políticos radicales que utilizaron métodos terroristas lo que genero un periodo de violencia y guerra civil, esto en el plano de la Universidad permitía una incursión de activistas de partidos políticos radicales en las organizaciones estudiantiles y posteriormente infiltración de integrantes de los movimientos terroristas, esto sumado a la crisis económica de los años 80 provocó una crisis de las universidades lo que tuvo a la universidad peruana en un estado de retroceso y marasmo (CVR: 2003). Comisión de la Verdad y Reconciliación Informe Final: 2003.
Esta situación cambia con el gobierno de Alberto Fujimori que interviene las principales universidades públicas mediante la implantación de gobiernos transitorios y bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas, además permitió el ingreso de promotores privados que convirtieron la educación superior en un bien de mercado, mediante la ley N° 882 que permitió que las Universidades pudieran operar como empresas privadas con todas las libertades de estas y con todos los incentivos necesarios para crecer.
A partir de estos cambios en la inclusión de promotores privados, el sistema creció a casi 100 universidades entre públicas y privadas (de lucro o no), un crecimiento en la matrícula, con unos niveles bajos de investigación, patentes y publicaciones con respecto al resto de sistemas universitarios en la región que relegó al país a los últimos puestos en los rankings internacionales que ya empezaban a circular.
En marzo del 2006 se crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa SINEACE que se organizó en 3 órganos operadores: IPEBA para las instituciones de educación básica, CONEACES para la educación superior no universitaria y el CONEAU para las instituciones universitarias.
En términos generales la acreditación cuenta con unas características que se replican de país en país, en primer lugar parte de una agencia de calidad o entidad que otorga la acreditación que es la que define los estándares o criterios de calidad sobre la cual se evaluará a la institución académica.
Hay una institución académica que a la luz de los estándares o criterios de calidad procede a un proceso de autoevaluación y que realiza un informe que reporta el alcance de estos.
Un tercer actor, acaso uno de los más importantes, es el par académico, docente universitarios que evalúan el informe de la universidad y que verifica la información visitando las instalaciones de la institución, revisa documentos y se entrevista con los miembros de la comunidad educativa.
Los procedimientos en términos generales son similares entre los diferentes países de Latinoamérica, con algunas diferencias en su legislación guardan en su centro la tradición de la acreditación de la calidad educativa instaurara en los Estados Unidos. (Informe GUNI).