El 29 de setiembre del año pasado la agencia periodística CIPER publicó un reporte titulado: “Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades” bajo este sugerente título el presidente del CNA de Chile fue acusado de haber establecido una red de contactos y procedimientos que facilitaban bajo procedimientos no reglamentados las constancias de acreditación.
“El año 2010 fue polémico para la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo público encargado de velar por la calidad de la educación superior. Ese año TODAS las instituciones que se sometieron a su análisis resultaron acreditadas: 16 universidades, 5 Centros de Formación Técnica y 10 Institutos Profesionales. Desde el más precario instituto hasta la más antigua institución que se presentó, todas se fueron al menos con un año de acreditación bajo el brazo.” (CIPER: 2011)
El sistema de aseguramiento de la calidad creó un sistema de acreditación que reside en el juicio de valor de los pares académicos, luego de una visita a las universidades, los pares emiten un informe que sirve como sustento técnico para decidir el tiempo de acreditación (en Chile se podían acreditar desde un año hasta cinco).
La acreditación se convierte además en un fin para lograr beneficios económicos:
“Con el sello de “universidad acreditada” los alumnos de la UPV pueden hoy solicitar el Crédito con Aval del Estado, el famoso y cuestionado CAE: un préstamo bancario con un 6 % de interés, que cuenta con garantía estatal, de modo que si los alumnos tropiezan con las cuotas el Estado se hace cargo. Y los bancos no pierden dinero… En los hechos, “acreditación” y “CAE” están tan ligados que forman parte de un mismo engranaje.” (CIPER: 2011)
Esto tal vez haya condicionado el interés por acreditar, perder de vista la visión del sistema de aseguramiento de calidad, para convertirse en un sistema de aval préstamos del dinero público.
Recientemente su ex presidente así como 2 ex rectores fueron encarcelados sospechosos de haber creado una red de corrupción el cual ha dejado a la agencia CNA en medio de una crisis de institucionalidad habiendo perdido su capacidad para garantizar la calidad educativa.
Los alegatos del tribunal fueron muy claros al respecto:
“El tribunal de alzada determinó el encarcelamiento de Díaz, Maulén y Zúñiga por considerarlos «un peligro para la seguridad de la sociedad» en razón del grave daño que causaron a la confiabilidad del sistema de acreditación de la educación superior.” (Terra 2012)
CIPER un año después de su primer reporte publicó “Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas” el cual develaba una serie de malas prácticas que confirmaban lo planteado un año antes. Así el ex presidente solicitaba puestos de trabajo directamente a los rectores de aquellas universidades a las que acreditaría, como se indica en los correos electrónicos incautados por la fiscalía mostrados por CIPER:
“Querido amigo: se me ocurre algo complementario, que quizás te sorprenderá. Te sugiero crear en la universidad la Dirección de Vinculación con el Medio y contratar a Andrea y a mí como director, con la misma renta que otros directores de la universidad, con la libertad para mantener una o dos consultoras que me demandan muy poco tiempo. Esto es absolutamente compatible con mi cargo en la CNA”. (CIPER 2012)
El ex presidente votaba a favor de estas universidades, elegían el comité de pares, asesoraba en la redacción de los informes de la universidad, filtraba información a las universidades, presionaba al resto de miembros de su directorio, etc. Prácticas que evidenciaban algo más que simples errores de juicio.