Desde que se aprobó la Ley N.° 31520, los órganos operadores del SINEACE: CONEAU, CONEACES e IPEBA volvieron a organizarse e institucionalizarse como tal, eligiendo sus autoridades y haciendo los ajustes normativos y organizacionales necesarios para su desarrollo. Una de las consecuencias de esta implementación fue la aprobación de nuevos modelos de acreditación, así cada organismo publicó su nuevo modelo como el CONEAU el de CONEACES, y esta vez el turno fue el de IPEBA.
El modelo de acreditación de la Educación Básica Regular, al igual que el modelo del CONEACES se estructura en dimensiones, estándares y aspectos orientadores que permiten analizar a los procesos y resultados de la gestión escolar en los niveles de inicial, primaria y secundaria.
Este modelo se fundamenta en la Ley General de Educación, la Ley del Sineace, el Currículo Nacional y el Proyecto Educativo Nacional al 2036, lo que garantiza coherencia con el marco normativo y de política educativa vigente. Además, incorpora aprendizajes de modelos internacionales de aseguramiento de la calidad (como Cognia, SACE, modelos chilenos, EFQM y el Modelo Iberoamericano), especialmente en lo referido a la mejora continua, el liderazgo pedagógico, la visión sistémica de la organización y la centralidad del estudiante.
Desde sus principios, el modelo coloca al estudiante en el centro y concibe la calidad como desarrollo integral y como derecho humano, estrechamente vinculado con la equidad y la justicia social. Integra enfoques transversales como derechos humanos, inclusión, interculturalidad, igualdad de género, enfoque ambiental y enfoque territorial, promoviendo que la escuela se vincule activamente con su contexto y atienda la diversidad de su comunidad educativa.
Una característica del modelo es su mirada sistémica: no se limita a revisar indicadores aislados, sino que analiza la articulación entre gestión institucional, pedagógica, de convivencia y de recursos, así como sus resultados en los aprendizajes y trayectorias de los estudiantes. Al mismo tiempo, es flexible y contextualizable, de modo que cada institución puede adecuar la aplicación de los estándares a su realidad, sin perder el horizonte común de calidad.