El sábado se publicó la norma legal que modifica la ley del SINEACE, y específicamente alude a la obligatoriedad de la acreditación para las carreras de Derecho, aquella que forma a nuestros futuros abogados, jueces y fiscales.En principio estoy en contra de la obligatoriedad de los procesos de acreditación, lamentablemente no tengo datos que sustenten mi posición; tal vez haya una correlación positiva entre la obligatoriedad y la mejora de las instituciones, pero lamentablemente aún no he conocido alguna experiencia sobre el tema.
Es interesante que hayan sido los abogados, los que hayan promovido desde varias esferas públicas la obligatoriedad de este proceso, más aún cuando el informe Pásara había señalado la necesidad de limitar el acceso a la carrera, y había manifestado sobre la acreditación lo siguiente:
La conclusión provisional consiste en que el sistema de acreditación no parece contar con condiciones maduras para ser puesto en práctica. Cualquier mecanismo que se proponga es susceptible de ser impugnado, dadas las debilidades institucionales que afectan al sistema universitario en conjunto.
Seis años después, parece que estuvieramos en condiciones de iniciar el proceso, sólo temo que esto genere una ola de obligatoriedad que confunda el sentido de la mejora continua y la evaluación, pregunta similar que se hace Richard en un post sobre el mismo tema.
Ojo que esta norma aún no está reglamentada, en donde se establecen las sanciones, se espera que penalice con la suspensión del ingreso de admisión como en el caso de Educación. Algo por verse en el transcurso de las semanas. Mientras tanto se espera un debate y consenso para definir los estándares que evaluarán la calidad de la acreditación de las carreras de Derecho en el Perú.
